El C.G.P.J, pondrán en marcha en los próximos meses una medida mas de auxilio dirigida a los jueces y magistrados que investigan y enjuician actividades criminales de corrupción. Se trata de un grupo de apoyo directo a los juzgados que estará formado por magistrados especialistas en esta materia en el ámbito de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma y en el de la Audiencia Nacional, que actuará sin quiebra de las exigencias impuestas por el principio de imparcialidad objetiva y estará integrada por juristas de reconocido prestigio expertos en la materia.
Su puesta en marcha viene recogida en la guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción que el CGPJ presentó en julio y, en ella se recoge las disposiciones normativas de utilidad en la lucha contra la corrupción.
En la elaboración de esta guía difundida por el CGPJ ha intervenido una veintena de personas, en representación de todas las instancias judiciales con competencia en la lucha contra la corrupción. A medida que esta red se vaya formalizando se dará oportuna cuenta y publicidad entre los partidos judiciales para que aquellos juzgados que instruyen diligencias derivadas de la corrupción puedan solicitar este auxilio y dotar de mayor seguridad jurídica sus decisiones.
Además, el CGPJ reforzará los planes de formación continua y descentralizada de la Carrera Judicial con cursos de formación a fin de garantizar la formación técnica de los jueces y aproximarlos a la realidad de estos asuntos para que cuenten con los instrumentos legales y recursos existentes en la lucha contra estos delitos.
El texto ofrece un catálogo de buenas prácticas que abarcan todas las fases del procedimiento, desde la organización material de la causa donde se recomienda elaborar desde el primer momento un plan o memoria de necesidades funcionales, de personal y materiales, hasta su enjuiciamiento.
En el apartado que aborda la fase de instrucción, por ejemplo, se incluye un punto sobre los aforamientos, aconsejando a los jueces que, si en el curso de una investigación se apreciaran elementos indiciarios sugestivos de la presunta participación de una persona aforada, "el juzgado de instrucción que esté conociendo la causa, antes de elevar la memoria expositiva al órgano que se considere competente, debe desarrollar una actividad indagatoria que sin injerir en derechos fundamentales del aforado sirva para asentar o cualificar los indicios de criminalidad".
El manual también aconseja a los jueces que pidan auxilio a la Oficina de Recuperación de Activos para agilizar el decomiso de embargos de bienes.