El expediente se puso en marcha por el Consejo General de la Abogacía Española y con él se consigue simplificar y acortar los plazos evitando así desplazamientos y esperas.
Durante este año, su utilización se ha ido incrementando alcanzando el numero de 408.668 solicitudes de ciudadanos a fecha 31 de julio y se prevé que a finales de año se alcance la cifra de 640.000 Expedientes Electrónicos de Justicia Gratuita con el consiguiente ahorro de tiempo y costes económicos.
Por Comunidades autónomas, el mayor crecimiento corresponde a Castilla y León que con una subida cercana al 12% tramitó de forma electrónica 19.392 solicitudes de Justicia Gratuita; a continuación se encuentra Cataluña con casi 56.000 expedientes e Islas Baleares con más de 11.100 tramitaciones digitales. En Ceuta el incremento de expedientes por vía telemática ha sido de 21,77% con mas de 1.000 solicitudes.
El sistema RedAbogacía, desarrollado por la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española, ya conecta a 80 Colegios de Abogados de forma telemática y sencilla con instituciones como la Agencia Tributaria, el INSS y su Tesorería General, la Dirección General del Catastro o el INEM, también con Organismos de CCAA con competencias en Justicia.
El expediente Electrónico ofrece numerosas ventajas para el ciudadano que ve facilitado el acceso a la Justicia Gratuita al simplificarse los trámites y acortar los plazos en la obtención de la documentación, evitándole desplazamientos y esperas en las ventanillas de cada una de las Administraciones competentes.
Al abogado le permite atender y dar curso a un mayor número de casos con mas agilidad asegurándose el contenido de las comunicaciones a través de la firma electrónica, mejorando sus gestiones al reducirse los plazos para la obtención de la información, aumentando con ello, la calidad del servicio prestado al ciudadano pues se unifica la información del solicitante en un único expediente de forma estandarizada y común a todos los Colegios de Abogados.
Finalmente, las Administraciones públicas optimizan y aceleran el servicio que ofrecen al ciudadano, consiguen la trazabilidad completa del proceso para su posible auditoría y además también se reducen los posibles fraudes ante la Adminisración optimizando el gasto público y aportando la máxima transparencia en la gestión de este servicio a los ciudadanos.