El ministro de Justicia, Rafael
Catalá, ha defendido este viernes la vigencia y mantenimiento de la
figura de los jueces de paz, que ejercen en más de 7.700
municipios españoles, por su “cercanía y proximidad” al ciudadano y su
capacidad para descargar de trabajo a los jueces de planta mediante la
resolución de conflictos de menor entidad, así como por encarnar los
principales valores de la Justicia del Siglo XXI.
Catalá, en contraposición con el Anteproyecto
de Demarcación y Planta presentado en su día que planteaba su posible
supresión, garantizaba así que los jueces de paz son una figura necesaria
dentro de esa apuesta de su departamento por mantener la actual
demarcación judicial y, como así ha subrayado, donde ejercen una función clave
en ese ideal de “fortalecer la resolución de conflictos de forma extrajudicial
a través de la mediación”.
Así lo ha mantenido el ministro durante
su participación en el V Ciclo de Justicia bajo el lema ‘Justicia de paz,
justicia cercana’ celebrado en la localidad vallisoletana de Olmedo bajo la
organización del diario El Norte de Castilla, donde ha compartido protagonismo
con el juez de paz de Fontiveros (Ávila), Jesús Báñez, y el juez de
Primera Instancia e Instrucción de Cuéllar (Segovia), Justo Criado.
En su intervención, Catalá, en
declaraciones recogidas por Europa Press, ha incidido en la importante labor
que desempeña la figura del juez de paz, de cuya existencia se ha mostrado
firme defensor, por la descarga de trabajo que supone para los jueces de planta
y ante el “extraordinario campo” que se les abre para resolver conflictos de
forma extrajudicial.
“Hay que aprovechar ese ejército tan
potente que trabaja en 7.700 municipios de toda España”, ha
insistido Catalá, en referencia al auxilio que estos jueces no profesionales y
que perciben una media de 80 euros mensuales--el Ministerio destina
anualmente a Justicia de Paz 2 millones de euros–realizan en cuestiones
menores, desde disputas por lindes hasta reclamaciones inferiores a 90 euros,
faltas, recepción de denuncias, funciones de Registro Civil, papeleo sobre
defunciones y bodas civiles y conciliación para evitar que una polémica llegue
a la vía judicial.
Por ello, el ministro se ha comprometido
a mantener los juzgados de paz y los mixtos de primera instancia e instrucción
en cabecera de municipios, máxime si se tiene en cuenta, como así ha incidido,
que en la actualidad más de 16 millones de españoles residen en el medio rural
“Resulta tramposo decir que la
demarcación actual, por antigua, está obsoleta, ya que cada año se renueva con
la dotación de más plazas. Lo que no hacemos es cerrar juzgados”, ha sostenido
Catalá, en referencia una vez más a su apuesta y la del Ejecutivo central por
mantener la configuración actual de los partidos judiciales.
“La Justicia de Paz hace un magnífico
servicio perfectamente compatible con un modelo que culmina en el Tribunal
Supremo”, ha resumido Catalá.Junto a Catalá, quien en el marco de dicho ciclo ha
impuesto al juez de paz de Olmedo, Zenón García Alonso, la Cruz de San Raimundo
de Peñafort, el también juez de paz de Fontiveros (Ávila), Jesús Báñez, ha
aprovechado para demandar una colaboración más estrecha entre ellos y los
jueces de planta tras confesar que se encuentran un tanto “desamparados”.
Fuente:elconfilegal.com