Para los pensionistas, que verán cómo sus nóminas solo
subirán un 0,25 % desde este mes, apenas 1,9 euros para la prestación media en
la comunidad, que en noviembre ascendía a 767,4 euros, la medida implicará, por
segundo año consecutivo, una pérdida real de poder adquisitivo. Porque a
diferencia de lo que ocurrió en el 2014 y el 2015, los dos primeros años en los
que se aplicó esa revalorización del 0,25 % -después de la reforma que
desvinculó la subida de las pensiones de la inflación-, los precios ya no están en tasas negativas. El
efecto que entonces consiguió el desplome del crudo, que se trasladó no solo a
las estaciones de servicio, sino a toda una economía dependiente del petróleo,
permitiendo que los pensionistas ganaran poder adquisitivo (más de 1.650
millones entre los dos años, según los cálculos del Gobierno) pese a la magra
subida de sus nóminas, ya ha quedado atrás.
En cuanto a los
funcionarios, todo dependerá de las negociaciones de los Presupuestos
Generales del Estado para este año, que aún no se han llevado a
las Cortes. Precisamente, la necesidad de lograr pactos para sacar adelante las
cuentas podría favorecer a los empleados
públicos, que el año pasado recibieron una subida del 1 %, la misma
cifra que barajaron para este 2017 algunos altos cargos del PP. Aunque de
momento no hay nada negro sobre blanco, los sindicatos presentes en la mesa de
negociación creen que ese es el mínimo que deberá aplicar el Gobierno si quiere
sacar adelante el proyecto presupuestario, y no descartan alzas aún mayores.
En todo caso, la
decisión final aún puede demorarse unos meses (los mismos que tardará el
Presupuesto en completar el trámite parlamentario), aunque la subida que se
apruebe para los funcionarios se aplicará con efecto retroactivo desde enero.
Fuente: lavozdegalicia.es