Hay juzgados
señalando juicios para 2020. Y los ciudadanos creen que, además, está
politizada. El 56% de los españoles, según el informe sobre los indicadores de
la justicia en la UE publicado el pasado abril por la Comisión Europea, tiene
una opinión mala o muy mala sobre la independencia de los jueces, desconfianza
que argumentan sobre todo por supuestas presiones políticas y económicas.
La ineficacia y la
apariencia de politización de la justicia son los dos grandes problemas en
torno a los cuales gravitan todos los demás. Pero ningún Gobierno democrático
los ha abordado de forma radical. Quizá porque los ciudadanos no aprecian que
la Administración de Justicia sea uno de los principales problemas del país
(solo lo consideraba así el 1,4% de la población según el último barómetro del
CIS); quizá porque la gente tiene relación con los juzgados en momentos
puntuales de su vida y, a diferencia de lo que ocurre con la Sanidad o la
Educación, la lentitud de la justicia nunca sacará a las masas a la calle; o
quizá porque se trata de una reforma compleja y que requiere de múltiples
consensos.
Sobre la mesa está
también modificar el número de partidos judiciales en los que se divide España,
431, para simplificar el modelo y poder concentrar los recursos.
Más jueces, mayor
concentración de sedes, más y mejores servicios comunes, reorganizar el mapa
judicial, más recursos en la oficina judicial avanzar en la senda
tecnológica... Sobre el papel, parece fácil. Pero no lo es. La racionalidad
suele chocar con unos alcaldes —de todos los partidos— que no quieren que se
suprima un solo partido judicial porque lo perciben como una pérdida de poder;
con unos intereses sindicales que muchas veces no ven con buenos ojos algunos
cambios; con unas comunidades autónomas que se resisten a cambiar su sistema
informático para que sea compatible con el resto; y con unos presupuestos
—autonómicos y estatales— que no acompañan.