El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dio ayer luz
verde a la recuperación por parte de los funcionarios de la jornada laboral de
35 horas semanales, que volverá a implantarse a partir del 16 de enero de 2017.
Hasta ahí, todo según lo previsto por el ejecutivo de Susana Díaz, que presentó
esta medida como una de sus propuestas
estrella y como
bandera contra los recortes «impuestos» desde el Gobierno central.
Sin embargo, lejos de contentar a todos, la recuperación de la
jornada laboral previa a la crisis puede acabar costándole al Gobierno
autonómico un serio disgusto después de que el Sindicato de Trabajadores de la
Administración de Justicia (STAJ) haya decidido acudir a los tribunales.
El STAJ no sólo criticó que los funcionarios de Justicia hayan
sido excluidos de las 35 horas, sino que además arremetió contra el acuerdo
entre CCOO, UGT, CSIF y la Junta al considerar la recuperación de la jornada
laboral como moneda de cambio por no devolver de inmediato la paga extra de 2012 que aún debe la Junta y
aceptar que lo haga en plazos y hasta 2018.
Por eso, STAJ anunció que ha interpuesto una demanda ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para forzar a la Junta a que
pague de una sola vez y de inmediato la extra tal y como obliga la ley de presupuestos generales
del estado de este año.Lo acordado entre la Junta y «sus sindicatos amigos», señaló
ayer STAJ no es sino un «lamentable e ilegal amaño» y un «cambio de cromos».
El colectivo de trabajadores de la Administración de Justicia sufre
así, según este sindicato, una doble discriminación,
puesto que son los únicos que están sujetos a la ley de presupuestos nacional
y, por otro lado, no se van a ver beneficiados por la reimplantación de la
jornada laboral de 35 horas semanales.
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